Por Marcelo Parrilli (Cand. a Dip. Nac. por Bs. As. MST-Nueva Izquierda)
La presidenta enmarcó la propuesta diciendo que “la brecha social, donde se encuentra la extrema riqueza conviviendo con la extrema pobreza, es la que incrementa la inseguridad”, sin embargo, todas las medidas que seguidamente anunció Aníbal Fernández, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación apuntaron, directamente, a la represión como única vía idónea para terminar con la “inseguridad”.
El plan establece una inversión de 400 millones de pesos destinados a incorporar 4.000 policías retirados, unos 1.500 gendarmes, 500 nuevos patrulleros y 5.000 cámaras de video en los puntos más críticos del conurbano bonaerense, Mar del Plata, Bahía Blanca y el Gran Mendoza. También se anunció la creación de una red de alerta vecinal para que ciudadanos particulares, a quienes se les proveerá de 21.500 celulares, colaboren con las fuerzas de seguridad en la prevención del delito.
Un primer análisis podría llevarnos a pensar que el “Gobierno de los derechos humanos” cede, de esta manera, a la presión de la derecha más reaccionaria que, tomando un problema real que afecta a millones, el delito, propicia la aplicación de la vía represiva como única posible solución. Pero, hay más, en realidad, el Gobierno sabe que la brutal crisis económica mundial se va a reflejar cada día con más profundidad en nuestro país de aquí a fin de año y, entonces, busca rearmar el aparato represivo para la contención y represión de toda forma de protesta social y no solamente para “perseguir a los delincuentes”.
En las cuentas oficiales es más barato intentar rearmar el aparato represivo que crear escuelas, centros de protección infantil y generar fuentes de trabajo genuino
Además, en las cuentas oficiales es más barato intentar rearmar el aparato represivo que crear escuelas, centros de protección infantil y generar fuentes de trabajo genuino, todas esas medidas, reiteradamente señaladas por los estudiosos y analistas mundiales en materia de seguridad y prevención, como las únicas medidas que, en el largo y mediano plazo llevan a la disminución del índice de delincuencia.Tampoco el Gobierno quiere avanzar en un aspecto central del tema y es el que está vinculado a la corrupción en el aparato de seguridad del Estado y de los sectores políticos a él vinculados.Todos sabemos el enorme grado de corrupción que existe en las fuerzas policiales. Esa corrupción no es solamente producto de la deshonestidad de muchos de sus integrantes sino que, peor aun, es estructural y funcional al aparato del Estado.
Efectivamente, las comisarías, brigadas y demás dependencias policiales son verdaderos centros de “recaudación” en los que los comisarios y oficiales policiales corruptos no solamente recaudan para sí y para sus superiores policiales, políticos y judiciales sino también para el propio financiamiento del aparato policial de represión. Esto lleva a que las comisarías se “liciten”. Es decir, los oficiales más altos las compran de acuerdo a la importancia económica de la zona donde están ubicadas ya que de eso depende el nivel de recaudación posterior.
Concretamente, no hay gobernante en el país hoy, como no lo hubo ayer, que no sepa que la corrupción del aparato policial es estructural, muy profunda y protegida por el poder político. De esta manera es una verdadera hipocrecía pretender que con más tecnología, sistemas GPS, patrulleros, helicópteros y compu-tadoras se va a poder combatir mejor a la delincuencia por la sencialla razón de que esa tecnología en manos de esos corruptos solo servirá para seguir recaudando y facilitando el delito.Esto también ha sido tolerado y alimentado por el kirchne-rismo que, antes con Néstor Kirchner y ahora con Cristina Fernández, no tomó ninguna medida efectiva para terminar con esta corrupción.Y no tomaron ninguna medida porque, además de necesitar, como dijimos, ese aparato represivo para reprimir las luchas sociales saben positivamente que esa corrupción policial sigue, como la sombra al cuerpo, a la corrupción política sobre todo en el marco de las intendencias del conurbano bonaerense.
Es que intendentes y policías corruptos están emparentados con el negocio del tráfico de drogas, la piratería del asfalto, los secuestros y el robo de automotores que son, casualmente, los delitos más graves y los que generan, sobre todo el de la droga, toda una serie de delitos vinculados.
Y esos intendentes pertenecen, en su amplia mayoría, al aparato tradicional del Partido Justicialista, el mismo sobre el cual el kirchnerismo decidió recostarse desde hace ya tiempo abandonando su declamada “transversalidad”.
Como vemos, el problema de la seguridad o inseguridad, es un problema político profundo. No es un problema policial o que se resuelva con el Código Penal en la mano. Requiere barrer con los políticos y dirigentes sindicales corruptos y construir un sistema político, económico y social más justo y equitativo donde exista trabajo digno, salarios suficientes y posibilidades de acceso de toda la población a la alimentación, a la vivienda, a la salud pública y a la educación. Esa es la única receta, universalmente conocida, para bajar el índice de delincuencia y asegurar la tranquilidad de la población.
PROPUESTAS
Como ya dijimos, lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de inseguridad es que ella no tiene nada que ver con el Código Penal ni con la represión. La ley penal actúa cuando el delito ya se produjo. Todas las experiencias mundiales demuestran que el endurecimiento de las leyes penales no disminuye el delito. Ya sabemos también que la inclusión social, el pleno empleo, los salarios dignos y el acceso a la alimentación, vivienda y salud son las herramientas de fondo para luchar contra el delito como fenómeno social masivo.
A eso debemos agregarle que, en lo que se refiere estrictamente a seguridad, la clave está en la prevención.Para tener una prevención eficiente, un primer paso, es el control de los miembros del aparato de seguridad y el poder judicial a partir de la elección, por votación popular, de los comisarios de policía, de los jueces y de los fiscales con la posibilidad de revocar sus mandatos también mediante el pronunciamiento popular. Esta es una medida que, con relación a los comisarios, altos oficiales de policía y fiscales puede tomarse de manera inmediata ya que para su nombramiento por este mecanismo no se necesita modificar la Constitución.Este mecanismo de nombramiento, control y remoción permitirá disminuir la corrupción en el aparato de seguridad y judicial y eso es fundamental para disminuir la cantidad de delitos.
Policías, Fiscales y Jueces deberán rendir cuentas de su conducta ante los ciudadanos y no como ocurre ahora que, hagan lo que hagan, la población no puede, mediante un mecanismo sencillo, sacarlos de sus cargos.
Otra medida es que los fiscales, elegidos democráticamente, funcionen en las comisarías, tomen las denuncias y reclamos de los vecinos y vayan rotando anualmente. Esto dificultará, también, los manejos policiales que frecuentemente ocurren en las comisarías donde se hacen directamente desaparecer las causas judiciales cuando los implicados roban con protección policial o, por el contrario, se fabrican causas a inocentes.
Es importante también la organización de los vecinos en los distintos barrios, conformando comisiones u organismos que, con representantes elegidos democráticamente, planteen todos los problemas de seguridad ante la comisaría de la zona y tomen medidas en materia de prevención independientes de las que pueda disponer la policía.
