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29 de noviembre de 2018
Dinero, homicidio y corrupción. Presupuesto 2019 y Seguridad.
1 de mayo de 2014
INSEGURIDAD: CÓMO COMBATIRLA
El informe de la Procuración General de la Corte anunció el crecimiento de los delitos en la Provincia de Buenos Aires, ya que en 2013 se presentaron más de 700 mil denuncias penales, un 5% más que el año anterior. Según el organismo, los homicidios dolosos habrían crecido un 8% y los robos a mano armada un 21%.
Días antes asaltaron y le robaron el BMW al senador y dirigente kirchnerista Aníbal Fernández, quien por estos días salió a decir que «fue un error hablar de ‘sensación’ de inseguridad»…
Antes de ambos hechos, el 5 de abril, el gobernador Daniel Scioli había decretado la “emergencia en seguridad” en la Provincia de Buenos Aires por un año, definiendo un paquete de medidas. Entre ellas, convocar a comisarios y policías retirados para ponerlos de nuevo en funciones. «La convocatoria es inmediata, con un potencial de 5.000 hombres. Es obligatorio, con un incentivo económico», detalló. También anunció destinar 600 millones de pesos del Banco Provincia para «sumar el equipamiento necesario para móviles» y construir ocho alcaldías «con capacidad para alojar a mil detenidos».
Luego agregó -con un cinismo a toda prueba- que «ha llegado la hora de dar un debate serio y profundo para los menores en conflicto con la ley. Las soluciones de fondo vienen de la mano de la inclusión social. Por eso estamos convencidos que sin más y mejor educación no podemos pensar en ganar esta batalla».
Un final hipócrita y para la tribuna, mientras se gastan millones en la policía y cárceles actuales que no resuelven nada. Tampoco sería solución la locura del ministro sciolista Granados de que, si retorna el servicio militar, se use a los conscriptos para la “seguridad interior”, lo que además de reaccionario sería ilegal.
Días antes asaltaron y le robaron el BMW al senador y dirigente kirchnerista Aníbal Fernández, quien por estos días salió a decir que «fue un error hablar de ‘sensación’ de inseguridad»…
Antes de ambos hechos, el 5 de abril, el gobernador Daniel Scioli había decretado la “emergencia en seguridad” en la Provincia de Buenos Aires por un año, definiendo un paquete de medidas. Entre ellas, convocar a comisarios y policías retirados para ponerlos de nuevo en funciones. «La convocatoria es inmediata, con un potencial de 5.000 hombres. Es obligatorio, con un incentivo económico», detalló. También anunció destinar 600 millones de pesos del Banco Provincia para «sumar el equipamiento necesario para móviles» y construir ocho alcaldías «con capacidad para alojar a mil detenidos».
Un final hipócrita y para la tribuna, mientras se gastan millones en la policía y cárceles actuales que no resuelven nada. Tampoco sería solución la locura del ministro sciolista Granados de que, si retorna el servicio militar, se use a los conscriptos para la “seguridad interior”, lo que además de reaccionario sería ilegal.
9 de marzo de 2010
LA INSEGURIDAD, UN TEMA CANDENTE
Los hechos de público conocimiento ocurridos en nuestra ciudad en las últimas semanas confirman que la inseguridad es un tema candente.
Como sostienen muchos vecinos de nuestra ciudad, "Rufino ya no es el de antes". Asaltos a mano armada a plena luz del día, enfrentamiento casi en el centro de la ciudad con la muerte de un agente de 18 años, marcan la actualidad. Reproducimos un artículo nacional de nuestro partido hace varios meses:
27 de diciembre de 2009
NUESTRAS PROPUESTAS: CONTRA LA INSEGURIDAD
Los hechos que cobran trascendencia y otros que no salen en los medios, confirman que la inseguridad es un problema candente.
Por Pablo Vasco
La familia Pomar. El chofer de la línea 60. Los presos asfixiados en una comisaría. El pasajero asesinado en Moreno. El albañil boliviano muerto por gatillo fácil. La inseguridad es moneda corriente.
Más allá de la “manija” que dan algunos medios, la falta de seguridad no es una sensación: es un flagelo real, complejo y grave. Pero saber qué medidas son efectivas para combatirla implica primero definir bien sus causas. Si no, el problema seguirá igual o peor. Para nosotros, las razones estructurales del crecimiento del delito son dos: la desigualdad social, que genera marginalidad y exclusión, y la impunidad y la corrupción política, judicial y policial.
A mayor desigualdad, más delito
Está probado a nivel mundial que si aumenta la brecha social, aumenta la proporción de delitos. Según los datos del INDEK a junio, la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es de 26 veces. Más que brecha, es una fractura. Si pensamos que bajo Menem era de 30 veces, no hay gran diferencia entre el neoliberalismo duro y el gobierno que “redistribuye la riqueza”.
Ningún pibe nace chorro. Hoy en nuestro país hay unos 700.000 niños y jóvenes de 15 a 24 años que no acceden al estudio ni al trabajo. ¿Qué perspectivas de futuro digno les brinda a esos chicos y chicas esta sociedad consumista, desigual y donde el mensaje del poder es “todo vale”? Con los Kirchner tenemos los mismos índices de marginalidad y de inequidad social que había en 2001, en plena crisis. Sobre esa estructura socio-económica injusta se asienta el otro factor que promueve inseguridad.
La impunidad y la corrupción oficial
Según el gobierno, las amenazas a la presidenta vienen de sectores pro-genocidas. Pero los propios K tienen su responsabilidad política. No anularon esos indultos. No disolvieron la SIDE y demás “servicios”. No abrieron los archivos de las Fuerzas Armadas y la Policía. No desmantelaron el aparato represivo. No hicieron nada por Julio López. Entonces, esa impunidad que nace desde arriba habilita otras hacia abajo. Que en el conflicto de los Aeronavegantes el jefe de gabinete Aníbal Fernández ordene desconocer un fallo judicial confirma que los jueces no son independientes, sino que están condicionados por el poder político.
Entre ese poder, la justicia y la cúpula policial hay un triángulo de impunidad. Esto es ineludible a la hora de encarar medidas. No hay delito económico importante que no cuente con una aceitada trama de corrupción institucional. ¿Podría funcionar un desarmadero de autos, que vive del robo, sin el aval del intendente local, algunos jueces y comisarios, que hasta reclutan menores para que roben coches por algo de paco? ¿Podrían colocar los piratas del asfalto su botín en alguna red de comercios si no es al amparo de tal o cual puntero, juez y jefe policial? Lo mismo para las mafias del narcotráfico, la trata de personas, la prostitución y el juego clandestino. ¡Sin protección del poder, estos delitos durarían lo que un suspiro!
La Federal, bajo mando K, sigue siendo la fuerza de la represión y el gatillo fácil. La Bonaerense, plagada de corrupción desde siempre, no sirve ni para rastrillar. Y la Metropolitana de Macri, que aún no sale a la calle, ya tuvo que echar a dos jefes -ambos procesados, uno de ellos detenido- y no sirve ni para espiar. ¡Habría que disolverla, derogando la ley que la creó!
En este sistema, toda policía está diseñada para reprimir la protesta social y no a la delincuencia. Involucradas en los mismos crímenes que deberían combatir, no son parte de la solución sino pieza central del problema. Hasta el ministro bonaerense Stornelli presentó una denuncia penal señalando que los tres asesinatos de mujeres (en Wilde, Derqui y Lanús) los instigaron “policías en actividad, retirados o exonerados” que reclutan pibes marginales para cometer crímenes y “desestabilizar” a Scioli. Por eso toda medida la planteamos en el marco de impulsar el desmantelamiento del aparato represivo.
Algunas propuestas concretas
Es imprescindible atacar las causas. Las políticas de mano dura y de bajar la edad de imputabilidad no resolverán nada, como lo demostró el fracaso de las leyes Blumberg. Para los niños y jóvenes, los actuales institutos son universidades del delito. En el caso de los adultos, muchos están detenidos sin proceso, las condiciones de las cárceles son inhumanas y el sistema penitenciario también es parte de la corrupción. ¿O no son los jefes de los penales los que dejan salir a los presos para que roben para ellos?
En el plano social, proponemos luchar por un modelo económico anticapitalista, que garantice empleo y salario digno para todos y achique realmente la brecha pobres-ricos. En ese camino, por ejemplo, como una medida de emergencia se puede exigir a las autoridades un plan de becas juveniles para inclusión escolar y laboral.
En lo institucional, hace falta quebrar el triángulo de impunidad entre políticos, jueces y comisarios. Estos dos últimos deberían ser elegidos por voto popular, y ser revocables si no cumplen, para que así le rindan cuentas a los vecinos y no al poder político de turno. Además, defendemos el derecho a la sindicalización policial.
Pero ningún logro real será posible sin participación activa de los vecinos y vecinas, de los trabajadores. Los choferes de la 60 son un buen ejemplo. Por eso los socialistas del MST impulsamos la autoorganización en los barrios o en los lugares de trabajo, tanto para coordinar rondas y otros mecanismos de vigilancia como para controlar el accionar de las comisarías. Si luchamos para implementar estas medidas es posible combatir la inseguridad que hoy padecemos.
Por Pablo Vasco
La familia Pomar. El chofer de la línea 60. Los presos asfixiados en una comisaría. El pasajero asesinado en Moreno. El albañil boliviano muerto por gatillo fácil. La inseguridad es moneda corriente.
Más allá de la “manija” que dan algunos medios, la falta de seguridad no es una sensación: es un flagelo real, complejo y grave. Pero saber qué medidas son efectivas para combatirla implica primero definir bien sus causas. Si no, el problema seguirá igual o peor. Para nosotros, las razones estructurales del crecimiento del delito son dos: la desigualdad social, que genera marginalidad y exclusión, y la impunidad y la corrupción política, judicial y policial.
A mayor desigualdad, más delito
Está probado a nivel mundial que si aumenta la brecha social, aumenta la proporción de delitos. Según los datos del INDEK a junio, la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es de 26 veces. Más que brecha, es una fractura. Si pensamos que bajo Menem era de 30 veces, no hay gran diferencia entre el neoliberalismo duro y el gobierno que “redistribuye la riqueza”.
Ningún pibe nace chorro. Hoy en nuestro país hay unos 700.000 niños y jóvenes de 15 a 24 años que no acceden al estudio ni al trabajo. ¿Qué perspectivas de futuro digno les brinda a esos chicos y chicas esta sociedad consumista, desigual y donde el mensaje del poder es “todo vale”? Con los Kirchner tenemos los mismos índices de marginalidad y de inequidad social que había en 2001, en plena crisis. Sobre esa estructura socio-económica injusta se asienta el otro factor que promueve inseguridad.
La impunidad y la corrupción oficial
Según el gobierno, las amenazas a la presidenta vienen de sectores pro-genocidas. Pero los propios K tienen su responsabilidad política. No anularon esos indultos. No disolvieron la SIDE y demás “servicios”. No abrieron los archivos de las Fuerzas Armadas y la Policía. No desmantelaron el aparato represivo. No hicieron nada por Julio López. Entonces, esa impunidad que nace desde arriba habilita otras hacia abajo. Que en el conflicto de los Aeronavegantes el jefe de gabinete Aníbal Fernández ordene desconocer un fallo judicial confirma que los jueces no son independientes, sino que están condicionados por el poder político.
Entre ese poder, la justicia y la cúpula policial hay un triángulo de impunidad. Esto es ineludible a la hora de encarar medidas. No hay delito económico importante que no cuente con una aceitada trama de corrupción institucional. ¿Podría funcionar un desarmadero de autos, que vive del robo, sin el aval del intendente local, algunos jueces y comisarios, que hasta reclutan menores para que roben coches por algo de paco? ¿Podrían colocar los piratas del asfalto su botín en alguna red de comercios si no es al amparo de tal o cual puntero, juez y jefe policial? Lo mismo para las mafias del narcotráfico, la trata de personas, la prostitución y el juego clandestino. ¡Sin protección del poder, estos delitos durarían lo que un suspiro!
La Federal, bajo mando K, sigue siendo la fuerza de la represión y el gatillo fácil. La Bonaerense, plagada de corrupción desde siempre, no sirve ni para rastrillar. Y la Metropolitana de Macri, que aún no sale a la calle, ya tuvo que echar a dos jefes -ambos procesados, uno de ellos detenido- y no sirve ni para espiar. ¡Habría que disolverla, derogando la ley que la creó!
En este sistema, toda policía está diseñada para reprimir la protesta social y no a la delincuencia. Involucradas en los mismos crímenes que deberían combatir, no son parte de la solución sino pieza central del problema. Hasta el ministro bonaerense Stornelli presentó una denuncia penal señalando que los tres asesinatos de mujeres (en Wilde, Derqui y Lanús) los instigaron “policías en actividad, retirados o exonerados” que reclutan pibes marginales para cometer crímenes y “desestabilizar” a Scioli. Por eso toda medida la planteamos en el marco de impulsar el desmantelamiento del aparato represivo.
Algunas propuestas concretas
Es imprescindible atacar las causas. Las políticas de mano dura y de bajar la edad de imputabilidad no resolverán nada, como lo demostró el fracaso de las leyes Blumberg. Para los niños y jóvenes, los actuales institutos son universidades del delito. En el caso de los adultos, muchos están detenidos sin proceso, las condiciones de las cárceles son inhumanas y el sistema penitenciario también es parte de la corrupción. ¿O no son los jefes de los penales los que dejan salir a los presos para que roben para ellos?
En el plano social, proponemos luchar por un modelo económico anticapitalista, que garantice empleo y salario digno para todos y achique realmente la brecha pobres-ricos. En ese camino, por ejemplo, como una medida de emergencia se puede exigir a las autoridades un plan de becas juveniles para inclusión escolar y laboral.
En lo institucional, hace falta quebrar el triángulo de impunidad entre políticos, jueces y comisarios. Estos dos últimos deberían ser elegidos por voto popular, y ser revocables si no cumplen, para que así le rindan cuentas a los vecinos y no al poder político de turno. Además, defendemos el derecho a la sindicalización policial.
Pero ningún logro real será posible sin participación activa de los vecinos y vecinas, de los trabajadores. Los choferes de la 60 son un buen ejemplo. Por eso los socialistas del MST impulsamos la autoorganización en los barrios o en los lugares de trabajo, tanto para coordinar rondas y otros mecanismos de vigilancia como para controlar el accionar de las comisarías. Si luchamos para implementar estas medidas es posible combatir la inseguridad que hoy padecemos.
13 de diciembre de 2009
ANTE EL BRUTAL ATAQUE A UN COMPAÑERO: PARAZO EN LA LINEA 60
El jueves 10, a las 4.30 de la madrugada, nos enteramos que a nuestro compañero Verón le habían amputado el dedo índice de la mano derecha cuando estaba trabajando en Escobar. Entonces, después de averiguar bien lo sucedido y dónde estaba internado, se hicieron asambleas en toda la línea y a partir de las 7 se suspendió el servicio completamente.A eso de las 9.30, mientras unos 300 compañeros cortábamos la colectora de Panamericana a la altura de Ingeniero Maschwitz, arrancó una caravana con 200 colectivos de la línea que salió desde la cabecera de Constitución para juntarnos todos. Ahí se decidió marchar por la Panamericana hasta la Municipalidad de Escobar para exigir respuestas.
La verdad, nosotros creemos que este hecho pudo haber sido un “mensaje mafioso” frente a los reclamos que veníamos haciendo contra el trabajo en negro en la Línea 720 de la empresa MOTSA. Cuando llegamos a la Municipalidad hubo algunos forcejeos, porque no nos dejaban entrar argumentando que el intendente no estaba…
Al final logramos entrar y hablamos con el Concejo Deliberante y con el secretario de Transporte de la Municipalidad. Pero como no daban respuestas a nuestros reclamos, decidimos cortar todos los accesos a Escobar. Conseguimos que se abriera un diálogo. Volvimos a la cabecera de Maschwitz y se hizo una asamblea general con más de 600 compañeros, donde informamos los reclamos que habíamos hecho y el compromiso que habían asumido las autoridades de concretar una reunión con los responsables para esta semana.
Después de analizar las diferentes propuestas y evaluar como un éxito las medidas que habíamos hecho, la asamblea resolvió levantar el paro, pero suspender el servicio dentro de Escobar de 22 a 5 hasta tener la reunión que prometieron. Durante el fin de semana recibimos llamados de distintos funcionarios del gobierno provincial, incluyendo a Scioli, que el sábado fue a visitar a Verón y se comprometió a darnos una reunión el lunes 14 junto a sus ministros de Seguridad y de Trabajo. Hasta el momento se hicieron algunas reuniones, pero las soluciones no aparecen. Por eso vamos a hacer asambleas para ver cómo la seguimos. No queremos seguir con el corte del servicio nocturno, ya que sabemos que de esa manera se perjudica a un montón de trabajadores. Pero tampoco vamos a esperar a que haya un muerto.
Medidas de seguridad y jornada de 6 horas
Yo creo que el tema de la seguridad es un problema social, que no se resuelve poniendo más policía sino con cambios políticos y sociales. Pero a la vez, nosotros tenemos que pelear por defender la integridad de nuestros compañeros. En ese sentido creo que hay que pelear para que el gobierno y las patronales pongan medidas de seguridad, como puede ser un sistema de GPS y tarjetas magnéticas. Pero fundamentalmente pienso que hay que empezar a reclamar las 6 horas de trabajo para todos los conductores de colectivos, ya que está demostrado que nuestro trabajo es insalubre y también inseguro. En estos días hubo otros hechos parecidos en otras líneas, lo que demuestra que esta es una pelea que tenemos que dar juntos todos los trabajadores de colectivos. Los dirigentes de la UTA deberían dejar de esperar y ponerse al frente de esta pelea.
Angel Perticaro - Delegado de MONSA - Línea 60
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