Los hechos que cobran trascendencia y otros que no salen en los medios, confirman que la inseguridad es un problema candente.
Por Pablo Vasco
La familia Pomar. El chofer de la línea 60. Los presos asfixiados en una comisaría. El pasajero asesinado en Moreno. El albañil boliviano muerto por gatillo fácil. La inseguridad es moneda corriente.
Más allá de la “manija” que dan algunos medios, la falta de seguridad no es una sensación: es un flagelo real, complejo y grave. Pero saber qué medidas son efectivas para combatirla implica primero definir bien sus causas. Si no, el problema seguirá igual o peor. Para nosotros, las razones estructurales del crecimiento del delito son dos: la desigualdad social, que genera marginalidad y exclusión, y la impunidad y la corrupción política, judicial y policial.
A mayor desigualdad, más delito
Está probado a nivel mundial que si aumenta la brecha social, aumenta la proporción de delitos. Según los datos del INDEK a junio, la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es de 26 veces. Más que brecha, es una fractura. Si pensamos que bajo Menem era de 30 veces, no hay gran diferencia entre el neoliberalismo duro y el gobierno que “redistribuye la riqueza”.
Ningún pibe nace chorro. Hoy en nuestro país hay unos 700.000 niños y jóvenes de 15 a 24 años que no acceden al estudio ni al trabajo. ¿Qué perspectivas de futuro digno les brinda a esos chicos y chicas esta sociedad consumista, desigual y donde el mensaje del poder es “todo vale”? Con los Kirchner tenemos los mismos índices de marginalidad y de inequidad social que había en 2001, en plena crisis. Sobre esa estructura socio-económica injusta se asienta el otro factor que promueve inseguridad.
La impunidad y la corrupción oficial
Según el gobierno, las amenazas a la presidenta vienen de sectores pro-genocidas. Pero los propios K tienen su responsabilidad política. No anularon esos indultos. No disolvieron la SIDE y demás “servicios”. No abrieron los archivos de las Fuerzas Armadas y la Policía. No desmantelaron el aparato represivo. No hicieron nada por Julio López. Entonces, esa impunidad que nace desde arriba habilita otras hacia abajo. Que en el conflicto de los Aeronavegantes el jefe de gabinete Aníbal Fernández ordene desconocer un fallo judicial confirma que los jueces no son independientes, sino que están condicionados por el poder político.
Entre ese poder, la justicia y la cúpula policial hay un triángulo de impunidad. Esto es ineludible a la hora de encarar medidas. No hay delito económico importante que no cuente con una aceitada trama de corrupción institucional. ¿Podría funcionar un desarmadero de autos, que vive del robo, sin el aval del intendente local, algunos jueces y comisarios, que hasta reclutan menores para que roben coches por algo de paco? ¿Podrían colocar los piratas del asfalto su botín en alguna red de comercios si no es al amparo de tal o cual puntero, juez y jefe policial? Lo mismo para las mafias del narcotráfico, la trata de personas, la prostitución y el juego clandestino. ¡Sin protección del poder, estos delitos durarían lo que un suspiro!
La Federal, bajo mando K, sigue siendo la fuerza de la represión y el gatillo fácil. La Bonaerense, plagada de corrupción desde siempre, no sirve ni para rastrillar. Y la Metropolitana de Macri, que aún no sale a la calle, ya tuvo que echar a dos jefes -ambos procesados, uno de ellos detenido- y no sirve ni para espiar. ¡Habría que disolverla, derogando la ley que la creó!
En este sistema, toda policía está diseñada para reprimir la protesta social y no a la delincuencia. Involucradas en los mismos crímenes que deberían combatir, no son parte de la solución sino pieza central del problema. Hasta el ministro bonaerense Stornelli presentó una denuncia penal señalando que los tres asesinatos de mujeres (en Wilde, Derqui y Lanús) los instigaron “policías en actividad, retirados o exonerados” que reclutan pibes marginales para cometer crímenes y “desestabilizar” a Scioli. Por eso toda medida la planteamos en el marco de impulsar el desmantelamiento del aparato represivo.
Algunas propuestas concretas
Es imprescindible atacar las causas. Las políticas de mano dura y de bajar la edad de imputabilidad no resolverán nada, como lo demostró el fracaso de las leyes Blumberg. Para los niños y jóvenes, los actuales institutos son universidades del delito. En el caso de los adultos, muchos están detenidos sin proceso, las condiciones de las cárceles son inhumanas y el sistema penitenciario también es parte de la corrupción. ¿O no son los jefes de los penales los que dejan salir a los presos para que roben para ellos?
En el plano social, proponemos luchar por un modelo económico anticapitalista, que garantice empleo y salario digno para todos y achique realmente la brecha pobres-ricos. En ese camino, por ejemplo, como una medida de emergencia se puede exigir a las autoridades un plan de becas juveniles para inclusión escolar y laboral.
En lo institucional, hace falta quebrar el triángulo de impunidad entre políticos, jueces y comisarios. Estos dos últimos deberían ser elegidos por voto popular, y ser revocables si no cumplen, para que así le rindan cuentas a los vecinos y no al poder político de turno. Además, defendemos el derecho a la sindicalización policial.
Pero ningún logro real será posible sin participación activa de los vecinos y vecinas, de los trabajadores. Los choferes de la 60 son un buen ejemplo. Por eso los socialistas del MST impulsamos la autoorganización en los barrios o en los lugares de trabajo, tanto para coordinar rondas y otros mecanismos de vigilancia como para controlar el accionar de las comisarías. Si luchamos para implementar estas medidas es posible combatir la inseguridad que hoy padecemos.
Por Pablo Vasco
La familia Pomar. El chofer de la línea 60. Los presos asfixiados en una comisaría. El pasajero asesinado en Moreno. El albañil boliviano muerto por gatillo fácil. La inseguridad es moneda corriente.
Más allá de la “manija” que dan algunos medios, la falta de seguridad no es una sensación: es un flagelo real, complejo y grave. Pero saber qué medidas son efectivas para combatirla implica primero definir bien sus causas. Si no, el problema seguirá igual o peor. Para nosotros, las razones estructurales del crecimiento del delito son dos: la desigualdad social, que genera marginalidad y exclusión, y la impunidad y la corrupción política, judicial y policial.
A mayor desigualdad, más delito
Está probado a nivel mundial que si aumenta la brecha social, aumenta la proporción de delitos. Según los datos del INDEK a junio, la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es de 26 veces. Más que brecha, es una fractura. Si pensamos que bajo Menem era de 30 veces, no hay gran diferencia entre el neoliberalismo duro y el gobierno que “redistribuye la riqueza”.
Ningún pibe nace chorro. Hoy en nuestro país hay unos 700.000 niños y jóvenes de 15 a 24 años que no acceden al estudio ni al trabajo. ¿Qué perspectivas de futuro digno les brinda a esos chicos y chicas esta sociedad consumista, desigual y donde el mensaje del poder es “todo vale”? Con los Kirchner tenemos los mismos índices de marginalidad y de inequidad social que había en 2001, en plena crisis. Sobre esa estructura socio-económica injusta se asienta el otro factor que promueve inseguridad.
La impunidad y la corrupción oficial
Según el gobierno, las amenazas a la presidenta vienen de sectores pro-genocidas. Pero los propios K tienen su responsabilidad política. No anularon esos indultos. No disolvieron la SIDE y demás “servicios”. No abrieron los archivos de las Fuerzas Armadas y la Policía. No desmantelaron el aparato represivo. No hicieron nada por Julio López. Entonces, esa impunidad que nace desde arriba habilita otras hacia abajo. Que en el conflicto de los Aeronavegantes el jefe de gabinete Aníbal Fernández ordene desconocer un fallo judicial confirma que los jueces no son independientes, sino que están condicionados por el poder político.
Entre ese poder, la justicia y la cúpula policial hay un triángulo de impunidad. Esto es ineludible a la hora de encarar medidas. No hay delito económico importante que no cuente con una aceitada trama de corrupción institucional. ¿Podría funcionar un desarmadero de autos, que vive del robo, sin el aval del intendente local, algunos jueces y comisarios, que hasta reclutan menores para que roben coches por algo de paco? ¿Podrían colocar los piratas del asfalto su botín en alguna red de comercios si no es al amparo de tal o cual puntero, juez y jefe policial? Lo mismo para las mafias del narcotráfico, la trata de personas, la prostitución y el juego clandestino. ¡Sin protección del poder, estos delitos durarían lo que un suspiro!
La Federal, bajo mando K, sigue siendo la fuerza de la represión y el gatillo fácil. La Bonaerense, plagada de corrupción desde siempre, no sirve ni para rastrillar. Y la Metropolitana de Macri, que aún no sale a la calle, ya tuvo que echar a dos jefes -ambos procesados, uno de ellos detenido- y no sirve ni para espiar. ¡Habría que disolverla, derogando la ley que la creó!
En este sistema, toda policía está diseñada para reprimir la protesta social y no a la delincuencia. Involucradas en los mismos crímenes que deberían combatir, no son parte de la solución sino pieza central del problema. Hasta el ministro bonaerense Stornelli presentó una denuncia penal señalando que los tres asesinatos de mujeres (en Wilde, Derqui y Lanús) los instigaron “policías en actividad, retirados o exonerados” que reclutan pibes marginales para cometer crímenes y “desestabilizar” a Scioli. Por eso toda medida la planteamos en el marco de impulsar el desmantelamiento del aparato represivo.
Algunas propuestas concretas
Es imprescindible atacar las causas. Las políticas de mano dura y de bajar la edad de imputabilidad no resolverán nada, como lo demostró el fracaso de las leyes Blumberg. Para los niños y jóvenes, los actuales institutos son universidades del delito. En el caso de los adultos, muchos están detenidos sin proceso, las condiciones de las cárceles son inhumanas y el sistema penitenciario también es parte de la corrupción. ¿O no son los jefes de los penales los que dejan salir a los presos para que roben para ellos?
En el plano social, proponemos luchar por un modelo económico anticapitalista, que garantice empleo y salario digno para todos y achique realmente la brecha pobres-ricos. En ese camino, por ejemplo, como una medida de emergencia se puede exigir a las autoridades un plan de becas juveniles para inclusión escolar y laboral.
En lo institucional, hace falta quebrar el triángulo de impunidad entre políticos, jueces y comisarios. Estos dos últimos deberían ser elegidos por voto popular, y ser revocables si no cumplen, para que así le rindan cuentas a los vecinos y no al poder político de turno. Además, defendemos el derecho a la sindicalización policial.
Pero ningún logro real será posible sin participación activa de los vecinos y vecinas, de los trabajadores. Los choferes de la 60 son un buen ejemplo. Por eso los socialistas del MST impulsamos la autoorganización en los barrios o en los lugares de trabajo, tanto para coordinar rondas y otros mecanismos de vigilancia como para controlar el accionar de las comisarías. Si luchamos para implementar estas medidas es posible combatir la inseguridad que hoy padecemos.
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