Con el fallo Arriola, la Corte Suprema de la Nación retomó un tema de amplia repercusión social. Aportamos algunas reflexiones.En su fallo, la Corte declaró que la tenencia de marihuana para consumo personal no es punible. La considera una de las acciones privadas protegidas por el artículo 19 de la Constitución Nacional. En base a esto, declaró inconstitucional el artículo 14 segundo párrafo de la Ley de Estupefacientes 23.737, que sanciona esa tenencia con pena “de un mes a dos años de prisión”.Para la Corte, el panorama jurídico y social se ha modificado desde el fallo Montalvo (1990). Volvió a los fundamentos del fallo Bazterrica (1986), donde se consideró que la tenencia para consumo personal, en tanto no implique un peligro concreto o un daño a terceros, es una acción privada no punible.
¿Penalizar al adicto o combatir el narcotráfico?
La Corte también tomó en cuenta la probada ineficacia de la Ley 23.737 para disminuir y/o criminalizar la producción, transporte y tráfico de drogas, el lavado de dinero y el ingreso de precursores químicos. Por caso, en los últimos 20 años sólo un 10% de las causas iniciadas por infracción a dicha ley lo fue por tráfico.Es sabido que Argentina dejó de ser un país de tránsito, para convertirse en un país de producción de cocaína en su etapa final. Por eso hoy existe el paco, droga vinculada a la cocción de cocaína. Por su bajo costo no se trafica, sino que directamente se produce en las cocinas-laboratorios donde se refina la cocaína.Coincidimos con las Madres del Paco y otras entidades en que el Estado debe combatir esa droga y ayudar a los jóvenes adictos a recuperarse. Hoy el Cenareso está desbordado y sólo una minoría accede a tratamientos. Como esencialmente estamos ante un tema de salud pública, creemos que no sirven las medidas penales contra el consumidor.Para lograr un verdadero éxito se debe actuar desde distintos frentes. Desde ya, perseguir y eliminar las “cocinas”. Y sobre todo, terminar con las causas sociales de la marginalidad que empuja a muchos jóvenes a la drogadicción. Darles una perspectiva de futuro requiere educación, salud, trabajo y acceso a la justicia.
Las responsabilidades institucionales
Donde hay narcotráfico, hay connivencia del poder político. Y esto vale para los gobiernos anteriores, el actual y por supuesto las fuerzas policiales y de seguridad. Sin ese visto bueno o complicidad no habría, por ejemplo, la cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas que funcionan en muchas provincias. ¿O acaso no hay comisarios corruptos que usan a los pibes como mano de obra barata para delinquir a cambio de algunas dosis de paco?El Sedronar, a cargo del santacruceño José Granero, no resuelve nada. Su último «plan» venció en 2007 y desde entonces no tiene uno nuevo. La propia Auditoría General de la Nación dice que en ese organismo «hay ausencia de planificación estratégica en prevención, atención de adictos y lucha contra el narco». Para colmo, el mes pasado fueron detenidos tres empleados del Sedronar porque fueron encontrados 7 kilos de cocaína en un auto oficial...Lo mismo vale para la Gendarmería, cuya función específica se supone que es proteger las fronteras (puntos estratégicos por donde entra y sale la droga), pero que es enviada a reprimir las protestas populares. Otra muestra de la connivencia política es la reciente Ley 26.476 de Regularización Impositiva, impulsada por los Kirchner para permitir un blanqueo de capitales, sabiendo que el dinero negro a menudo proviene del narcotráfico y otras fuentes delictivas.El sistema capitalista saca partido de la droga. No solo por los traficantes que manejan negocios colosales, sino también por la utilidad que conlleva aturdir conciencias, en particular de los jóvenes, para contribuir al discipli-namiento social. Entre otras excusas, hasta para instalar siete nuevas bases militares en Colombia los EE.UU. argumentan la necesidad de interceptar vuelos del “narcoterrorismo”...
¿Y ahora, qué?
Así como rechazamos la dependencia de las drogas, nos parece que el reciente fallo va en favor de las libertades individuales y la capacidad de cada persona para decidir su forma de vida. Inclusive exhorta “a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo”.Sin embargo, aún queda un largo camino para lograr criminalizar efectivamente con penas privativas de la libertad a los grandes mercaderes de la droga, desbaratar las bandas de productores, vendedores y también el lavado de dinero, en vez de perseguir al consumidor. Esto sólo se dará como parte de una transformación más estructural de la sociedad.La semana pasada, un comité de expertos le presentó al gobierno nacional un “plan nacional de drogas” a cinco años. Incluiría asistencia universal y gratuita a los adictos, internación sólo en casos graves, un registro de bienes incautados a las redes del narco y un seguimiento de la ruta del lavado de dinero.Habrá que ver qué hay de real, porque las promesas se suceden año a año. Entretanto, reiteramos la necesidad de despenalizar el consumo personal y de exigir al Estado que realice verdaderas campañas de prevención y asegure todos los recursos necesarios para los tratamientos de recuperación y para la reinserción social de los adictos.
Alejandra Giordano, integrante del CADHU
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