Ni monopolio de Clarín, ni Ley K tramposa: PONER LOS MEDIOS EN MANOS DE LA SOCIEDAD

Escribe: Pablo Vasco

Ahora la ley pasó al Senado y se prevé la votación para el 7 o el 14 de octubre. Según la propaganda K, la nueva ley de medios “te da el poder a vos”… En realidad, no hay un cambio significativo en el manejo del espacio radioeléctrico.

Es un hecho que a la inmensa mayoría de la población no se le dio la posibilidad de conocer los proyectos en danza, participar del debate y opinar. Es falso que “se viene discutiendo hace más de 20 años”, como dijeron algunos chupamedias del gobierno. Esta falta de información y de verdadera consulta democrática es precisamente lo que le permitió a los Kirchner confundir con su falso dilema “ley K o ley de la dictadura”.El miércoles 16, en Diputados, la ley K obtuvo 147 votos, 4 en contra y una abstención. La oposición de derecha -Unión PRO, PJ disidente, UCR y Coalición Cívica- se había retirado de la sesión alegando cuestiones reglamentarias, pero su intención era preservar el actual esquema monopólico de la radiodifusión.Entre los 147 votos a favor del proyecto kirchnerista hubo 25 de la centroizquierda, que jugó el rol de satélite político (ver nota). ¿La excusa? El gobierno, ante la ola de rechazo que había desatado su plan de abrirles el millonario negocio del cable a los pulpos telefónicos, no tuvo otra que retirar ese artículo. Fue una concesión no menor, frente al riesgo de tener que postergar todo. Pero ese traspié no convierte a la ley K en “progresiva” y además quedaron las llamadas “cooperativas telefónicas” que manejan cables en el interior.

Aprobada en Diputados, el gobierno maniobró y retrasó el envío al Senado. Esperó que Cristina viajara a Nueva York, para que Cobos tuviera que suplantarla en la Rosada. Al dejar éste de presidir el Senado, su lugar lo ocupó el kirchnerista Pampuro. Así tratarán de que la ley pase por menos comisiones y salga más rápido. A los tirones, oficialistas, oficialistas críticos y opositores ahora negocian la composición de la autoridad de control y el plazo para quienes deban vender medios.

¿“Una ley para que hablemos todos”?

El slogan oficial sería bárbaro… si fuera verdad. Pero es falso. Para asegurar que en las radios y teles abiertas o por cable del país efectivamente se escuchen las voces de “todos” haría falta un cambio estructural, de fondo. ¿Qué significa eso? El espacio radioeléctrico, y por lo tanto sus frecuencias actuales o las que en el futuro permita el avance de la tecnología, son propiedad de todos. Le pertenecen al conjunto de la sociedad, nos pertenecen. Son un bien público o de dominio público, que debería ser distribuido entre todos o accesible a todos. O sea, a la diversidad de organizaciones que existen en nuestra sociedad, para que todas ellas puedan expresarse libremente, sin ningún tipo de condicionamientos.La única forma de concretar esto es poniéndole fin al monopolio privado de las comunicaciones audiovisuales, hoy manejado por el Grupo Clarín y otros pocos. El Estado debería nacionalizar todas las frecuencias bajo el control de los trabajadores del sector, para luego socializarlas, transfiriéndolas a las organizaciones sociales, culturales, gremiales, políticas, universitarias y populares en general. Nada de esto plantea la ley K, que le permite a un único propietario tener 10 licencias por 10 años y prorrogables por otros 10, abarcando hasta un 35% de la población del país o del total de abonados.

¿Acaso alguien cree que si la mayoría de los medios siguen en manos del sector privado y algunos del Estado habrá plena libertad de expresión? Cualquier vecino, estudiante o desocupado que reclame; cualquier trabajador de Terrabusi, del subte, docente, de la salud de Tucumán o petrolero de Santa Cruz, sabe bien qué difícil es acceder a un espacio en los grandes medios y cómo manipulan la información.

Si a eso le sumamos que la autoridad de control la va a manejar el gobierno por mayoría; que dicho organismo estará bajo la dependencia del jefe de gabinete; y que ese mismo funcionario centraliza los millones de la publicidad oficial, podemos comprender que la cacareada ley K no constituye un avance real hacia la necesaria democratización de la radiodifusión argentina.

Por qué la nueva ley es tramposa
* No democratiza realmente la radiodifusión, ni garantiza una verdadera libertad de expresión, porque no transfiere las frecuencias (que son de propiedad pública) al conjunto de la sociedad.

* La autoridad de aplicación (organismo que decide todo) no sólo tiene mayoría del gobierno, sino que además depende del jefe de gabinete, que encima es el que “distribuye” toda la publicidad oficial.

* Los “tres tercios” son un verso: el sector privado seguirá siendo dominante; entre las organizaciones el gobierno privilegiará a la CGT, la Iglesia y a sus amigos; y los medios “públicos” seguirán siendo oficialistas en vez de oficiales.Ver notas
Toda la centroizquierda, funcional a los K
En Santa Cruz: Un debate democrático