Los socialistas del MST, si bien no las compartimos, respetamos todas las creencias religiosas. A su vez, sostenemos que es urgente separar total y definitivamente a la Iglesia Católica del Estado, que debe ser laico. En primer lugar, esto significa eliminar de la educación pública las materias religiosas, como actualmente se dan en Tucumán, Salta y Jujuy.
Además, nos oponemos a seguir dándole fondos públicos por unos 3.000 millones de pesos al año a la cúpula eclesiástica. Basta de pagar los sueldos de obispos que quieren imponernos sus dogmas a todos y de subsidiar escuelas religiosas que difunden mentiras anticientíficas y utilizan su aparato para mantener la discriminación contra las mujeres y la diversidad sexual.
En base al artículo 2° de la Constitución nacional, que dice que «el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano», y al artículo 33º del Código Civil, que la considera como «persona jurídica de carácter público», la Iglesia Católica se beneficia de otras leyes de privilegio, casi todas de la dictadura y que deberían ser derogadas:
Gracias a la Ley 21.950, los 67 obispos en actividad reciben el 80% del sueldo de un juez, o sea unos 13.000 pesos al mes, además de aguinaldo y vacaciones.
Gracias a la Ley 21.540, los 32 obispos retirados -mayores de 75 años o eméritos- reciben el 70% del sueldo de un juez. Estén retirados o en actividad, no pagan Ganancias ni aportes jubilatorios.
Gracias a la Ley 22.162, unas 400 parroquias ubicadas en «zonas desfavorables» reciben una asignación anual.
Gracias a la Ley 22.950, cada seminarista católico -actualmente son más de 1.800- cobra una beca igual a un sueldo categoría 10 de la administración pública.
Gracias a la Ley 22.430, cada cura que haya ejercido tan solo cinco años tiene derecho a una jubilación estatal sin importar su edad ni si hizo aportes o no. Esto beneficia a unos 640 sacerdotes.
Gracias a la Ley 24.483, el Estado le reconoce personería jurídica a 437 «institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica», que también reciben subsidios públicos.
En total, para este año esas partidas suman casi 36 millones de pesos, que la Iglesia recibe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. A eso hay que sumarle las exenciones de impuestos Inmobiliario, IVA y Ganancias, más otros aportes de la Nación, las provincias y municipios por «ayuda social» a través de Cáritas. Pero la mayor cifra que recaudan del Estado las jerarquías religiosas son los subsidios a la educación confesional.
Basta de subsidios públicos a la educación religiosa
El presupuesto del Ministerio de Educación nacional es de 17.5 millones de pesos, que con los 3.000 millones del Fondo de Incentivo Docente y Compensación Salarial suma 20 mil millones. Si añadimos los 64.000 millones que ponen las provincias, supera los 80.000 millones. De ese total, un 10% son transferencias a la educación privada: 8.000 millones. A su vez, según el censo oficial de 2008, de los más de 9.000 colegios privados que hay en el país al menos 3.600 son religiosos. Es prudente estimar, entonces, que la Iglesia Católica y las cúpulas evangelistas, judía y musulmana reciben para sus escuelas cerca de 3.000 millones de pesos anuales que paga todo el pueblo con sus impuestos. Son los mismos que cuando hay paros docentes ponen el grito en el cielo, pero dieron asueto a sus maestros y alumnos para que se movilicen contra el matrimonio igualitario.
Nosotros proponemos anular esos subsidios millonarios y, para que ningún chico quede sin educación, estatizar toda escuela que amenace cerrar. Defendemos la enseñanza pública, estatal, obligatoria, laica, moderna, científica y con educación sexual que incluya la diversidad. No debemos seguir bancando con la plata del pueblo a aquellos que en nombre de una fe religiosa pregonan sus prejuicios oscurantistas y discriminadores.
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