Continúan los debates sobre periodismo, ley de medios y libertad de expresión. Hubo escraches, carteles sin firma y un “juicio ético”. Damos nuestra posición al respecto.
En los últimos actos, el matrimonio presiden cial redobló tanto sus dardos contra el Grupo Clarín como sus elogios a la Ley de Medios. En la CGT, Néstor Kirchner dijo que “la primera fuerza de oposición es la concentración mediática cuya columna vertebral es el diario Clarín”. Y en la ESMA, junto a Hebe de Bonafini, Cristina dijo que en la Argentina “hemos alcanzado un grado tal que cualquiera puede decir lo que se le da la gana sin temor a ser reprimido ni golpeado”…
Quizás los Kirchner polarizan contra el multimedios Clarín -y exageran su poder- buscando capitalizar el desprestigio popular de su directora, acusada por apropiarse de hijos de desaparecidos. Esa estrategia confrontativa les suele rendir frutos en las franjas más afines.
Pero el constante patoteo verbal del gobierno habilita patoteadas, afiches anónimos y “juicios”. Y esa actitud prepo-tente despierta cada vez más rechazo entre los trabajadores, los sectores populares y la clase media. Por eso los K pueden terminar cosechando más desgaste y bronca que beneficios.
Carteles, escraches, “juicios”
Los carteles anónimos que aparecieron contra algunos periodistas merecen rechazo. Varios de esos periodistas, no todos, dieron aval a la dictadura años atrás y poco o nada tienen hoy de independientes, es cierto. Pero no estamos ante una crítica, que se puede compartir o no, cuyo autor se hace cargo. Esos afiches no tienen firma. Son un acto de cobardía política y, más allá de las desmentidas, objetivamente son parte de la campaña K.
En cuanto al acto de Hebe de Bonafini en Plaza de Mayo, ella puede hacer su juicio ético a quien le parezca. Es un acto político más y nos opondríamos a quien quisiera prohibirlo. Lo que rechazamos es su propósito engañoso, que una vez más utiliza la bandera de los derechos humanos al servicio del gobierno K y tilda de golpista a todo el que se le opone.
En la Feria del Libro hubo dos revuelos. La médica cubana Hilda Molina hoy es funcional al discurso proyanqui. No obstante tiene pleno derecho a presentar su libro, así como otros sectores tienen derecho a escracharla sin por ello impedir la presentación.
En el caso del libro de Gustavo Noriega sobre el INDEC, si bien se ataca la libertad de expresión el tema es más profundo. En la Feria actuó un grupo de barrabravas de Nueva Chicago al mando del hijo de un sindicalista K, amigo de Guillermo Moreno. Pero como bien dijo Noriega (a quien nuestro diputado Marcelo Parrilli citó en la última sesión de la Legislatura porteña en su discurso de apoyo a los compañeros del INDEC), lo que para él “fue una anécdota, para ellos es una agresión cotidiana”. Es que en ese organismo está instalada desde hace tres años la patota de Moreno, no sólo para truchar los índices de inflación y pobreza sino para acallar con despidos, persecuciones y golpes a los trabajadores que denuncian esas mentiras. El mismo gobierno, el mismo método.
La ley de medios K es trampa
Oponernos a la ley de la dictadura y a los monopolios capitalistas como el Grupo Clarín no nos impide denunciar las mentiras de la Ley de Medios del gobierno.
Si del total de frecuencias para radio y televisión el tercio “estatal” lo digita el gobierno K; si el tercio privado lo acaparan los pulpos, a los que ahora se sumarán los amigos del poder; y si el tercio restante incluye a la Iglesia, fundaciones y ONG ligadas al sector privado, ¿qué queda para las organizaciones populares? Encima, la autoridad de aplicación de la ley también está monopolizada por el gobierno y a las empresas adjudicatarias de licencias no se les exige cumplir el Estatuto del Periodista y demás leyes laborales.
“La libertad de expresión sería que todas las voces pudieran escucharse en todos lados”, dijo Cristina. Como si los millones de trabajadores estatales y privados tuvieran el mismo acceso a los medios que tienen las grandes patronales, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y sus voceros. O como si las asambleas de Gualeguaychú y Andalgalá tuvieran el mismo acceso que los defensores del fallo de La Haya o de las mineras. Lo mismo vale para las organizaciones de desocupados, de estudiantes, de jubilados, de derechos humanos, barriales, cooperativas, culturales y políticas no cooptadas por el gobierno: ¿qué espacio tenemos?
Este gobierno, que mete a Cristina en cadena nacional todos los días; que llena de propaganda el fútbol para todos; que maneja a su antojo la pauta oficial para condicionar a los medios, ¿ahora nos viene a hablar de “todas las voces en todos lados”? ¡Qué caraduras!
Una democratización efectiva de la comunicación audiovisual requeriría poner el uso de las frecuencias -que son todas de propiedad estatal- en manos del conjunto de la sociedad, expropiando a los monopolios y estableciendo la participación y control de los trabajadores y las organizaciones sociales. Solo con esa medida de fondo estaríamos ante una distribución y manejo de los medios con criterios de verdad democráticos. El de los K es, por enésima vez, doble discurso.
Pablo Vasco
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