Por Izquierda Socialista
Tuvimos que transitar tres décadas de innumerables movilizaciones, y otras tantas batallas contra las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”, para empezar a ver los frutos de esta lucha.
Primero fue la condena a perpetua de Etchecolatz, enlutada por la desaparición de Julio López, triste prueba de que hay bandas de genocidas que siguen activas desde las entrañas de las fuerzas represivas. Más recientemente, la de Menéndez, lográndose por primera vez que un genocida vaya a una cárcel común, no como otros de sus pares a prisión domiciliaria o cárcel de lujo. Y ahora Bussi -y otra para Menéndez-, para quienes el fiscal Alfredo Terraf también pidió perpetua y cárcel común. Comenzó también el juicio a ocho militares que regenteaban el centro de detención “La Escuelita” en Neuquén, y el de otros militares de la Brigada Aérea de Morón, bajo cuyas alas se hallaba el centro clandestino “Mansión Seré”.
Cada uno de estos juicios es un logro muy importante. Y a su vez, todos demuestran que, de haber mediado voluntad política del gobierno, hace mucho se podría haber acabado con la impunidad de estos monstruos asesinos.
La ausencia de esta política, oculta tras el criterio de dejar que se ocupe la justicia del tema, es la que provoca que sólo unos pocos genocidas que aún viven terminen sus días en la cárcel. Los juicios son individuales, con diferentes resultados, en lugar de unificar las causas y juzgar de conjunto a todos los que cometieron genocidio. Se impone así un ritmo que vuelve imposible juzgar y condenarlos a todos antes de que se mueran de viejos, o se fuguen como lo intentó Corres. Se dilapidan pruebas, se pone en riesgo a los testigos (como a Julio López), o lo que es más grave, dan lugar a que jueces como Marcelo Bailaque de Rosario, o el fiscal general Claudio Palacín, efectúen dictámenes en los cuales siguen sosteniendo la teoría de los dos demonios (ver nota en esta página). Argumento ampliamente superado, pero funcional a las justificaciones de los genocidas sometidos a juicio, que hablan de una “guerra”, negando que el “proceso” fue una masacre sistemática ejecutada por el Estado.
Esto no es simplemente un error del gobierno o una limitación del sistema judicial. Es la trampa con la que el kirchnerismo articula su propia versión del “Punto Final”, pretendiendo dar por terminado el asunto a corto plazo. Por todo esto, la lucha debe seguir, hasta que todos los genocidas que aún viven, sin excepción, y los políticos, burócratas sindicales, curas o civiles que fueron sus cómplices, vayan a cárceles comunes por los días de vida que les quedan.
Primero fue la condena a perpetua de Etchecolatz, enlutada por la desaparición de Julio López, triste prueba de que hay bandas de genocidas que siguen activas desde las entrañas de las fuerzas represivas. Más recientemente, la de Menéndez, lográndose por primera vez que un genocida vaya a una cárcel común, no como otros de sus pares a prisión domiciliaria o cárcel de lujo. Y ahora Bussi -y otra para Menéndez-, para quienes el fiscal Alfredo Terraf también pidió perpetua y cárcel común. Comenzó también el juicio a ocho militares que regenteaban el centro de detención “La Escuelita” en Neuquén, y el de otros militares de la Brigada Aérea de Morón, bajo cuyas alas se hallaba el centro clandestino “Mansión Seré”.
Cada uno de estos juicios es un logro muy importante. Y a su vez, todos demuestran que, de haber mediado voluntad política del gobierno, hace mucho se podría haber acabado con la impunidad de estos monstruos asesinos.
La ausencia de esta política, oculta tras el criterio de dejar que se ocupe la justicia del tema, es la que provoca que sólo unos pocos genocidas que aún viven terminen sus días en la cárcel. Los juicios son individuales, con diferentes resultados, en lugar de unificar las causas y juzgar de conjunto a todos los que cometieron genocidio. Se impone así un ritmo que vuelve imposible juzgar y condenarlos a todos antes de que se mueran de viejos, o se fuguen como lo intentó Corres. Se dilapidan pruebas, se pone en riesgo a los testigos (como a Julio López), o lo que es más grave, dan lugar a que jueces como Marcelo Bailaque de Rosario, o el fiscal general Claudio Palacín, efectúen dictámenes en los cuales siguen sosteniendo la teoría de los dos demonios (ver nota en esta página). Argumento ampliamente superado, pero funcional a las justificaciones de los genocidas sometidos a juicio, que hablan de una “guerra”, negando que el “proceso” fue una masacre sistemática ejecutada por el Estado.
Esto no es simplemente un error del gobierno o una limitación del sistema judicial. Es la trampa con la que el kirchnerismo articula su propia versión del “Punto Final”, pretendiendo dar por terminado el asunto a corto plazo. Por todo esto, la lucha debe seguir, hasta que todos los genocidas que aún viven, sin excepción, y los políticos, burócratas sindicales, curas o civiles que fueron sus cómplices, vayan a cárceles comunes por los días de vida que les quedan.
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