Si bien la salida de fondo es terminar con la exclusión y la marginalidad, hay que buscar alguna forma concreta de contención y recuperación de los niños que hoy caen en la delincuencia. Pero opinamos que esto se debe encarar con el objetivo de la reinserción social, y no como una política exclusivamente penal y criminal como lo fue hasta ahora y se pretende continuar.En ese sentido, una cuestión fundamental es suprimir los actuales institutos de menores. Creados a principios del siglo pasado, cumplen únicamente una función de castigo. Allí los llamados jueces de menores, verdaderos «superpadres» los mantienen privados de su libertad durante años, sin otro resultado que un daño mayor a los internados. No hay chico que se pueda reintegrar normalmente a la sociedad en esas condiciones represivas.Tampoco sirve reducir el tema a imputar penalmente cada vez a menor edad, como debate ahora el Congreso. Miremos por ejemplo la Provincia de Buenos Aires.
Menores de 16 años autores de delitos graves hay unos 50. Entretanto, y sólo en el conurbano, tenemos más de 350.000 jóvenes de 15 a 25 años que no estudian ni trabajan. Sin perspectivas de futuro, se ven empujados a caer en la marginalidad, la droga y el delito, a veces como mano de obra de las mafias policiales y políticas.
¿Qué “solución” es crear un “régimen penal juvenil” con penas más duras para 50 menores si no se ataca con medidas concretas y se resuelve la situación de exclusión social de esos cientos de miles, que es el verdadero caldo de cultivo para que sigan creciendo la drogadicción y las conductas delictivas?Esa política efectista, creemos, está destinada de antemano al fracaso. Por eso nos oponemos a la postura que hoy sólo pretende bajar la edad de impu-tabilidad, por más que la recubran de un “régimen especial”. De hecho esto implicaría aplicarles las mismas penas que a los mayores y enviarlos a cárceles de adultos o a los “reformatorios” actuales. Como todos sabemos, lejos de brindar un ámbito de recuperación, esas instituciones son a la vez escuelas para delinquir -junto a la policía- y un calvario donde se vive en condiciones infrahumanas. Hay que romper con la ecuación aplicada a los menores y a los excluídos en este sistema capitalista: «pobre = encarcelamiento», últimamente transformada en «pobre = delincuente».
La niñez no debe ser criminalizada. Además de combatir la desigualdad, proponemos crear comunidades especiales de atención integral, médica, educativa y de trabajo, en las que esos chicos puedan completar sus estudios, realizar tareas comunitarias, aprender un oficio y reinser-tarse laboralmente en la sociedad. Tendrán que estar permanentemente atendidos por psicólogos, médicos y demás especialistas que puedan brindarles una ayuda real para recuperarse -por ejemplo, de las consecuencias del paco-y por los profesionales docentes adecuados.
La supervisión de organismos de derechos humanos podría dar garantías para que no se cometan abusos ni violencia.Esta salida se podría empezar a implementar rápidamente. Pero desde el poder solamente quieren avanzar con criterios represivos que no van a resolver la inseguridad.
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