Por Movimiento Socialista de los Trabajadores
Los fondos que ha recibido la presidenta Cristina Kirchner para llevar adelante su última campaña presidencial parecen tener un origen tan turbio como las aguas del Riachuelo. Es que no sólo existen sospechas por la valija que le incautaron a Antonini Wilson. Plata proveniente del narcotráfico, de empresas privatizadas que se benefician por la entrega de subsidios y dinero proveniente de grandes empresarios que se beneficiaron por la política agropecuaria de los K, como el “Rey de la soja” Grobocopatel, forman el grueso del dinero que Cristina usó en la campaña para llegar a la presidencia.
Cada día se demuestra que la corrupción es un mal estructural de los regímenes institucionales capitalistas.Además, cabe aclarar que la directora de Poder Ciudadano, Laura Alonso, dijo que mientras que el kirchnerismo reconoció gastos por $17 millones, la cifra asciende a alrededor de $80 millones. La falta de transparencia tiene una oscura explicación. La existencia de droguerías quebradas o insolventes que pertenecían a uno de los tres jóvenes empresarios asesinados en General Rodríguez, y a otro que se suicidó poco después y cuyas muertes fueron relacionadas con carteles de narcotraficantes mexicanos y con el comercio de medicamentos adulterados, salpica al gobierno. Es que estas empresas que intermediaban entre los laboratorios farmacéuticos y las farmacias aportaron nada menos que el 34% de los fondos de la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Según el diario LA NACION “Seacamp SA, la droguería de Sebastián Forza, uno de los empresarios asesinados, aportó $200.000 a la campaña pese a que libraba cheques sin fondos y era investigada por presunto robo y adulteración de documentos.» Sin embargo, Forza dijo que, a pesar de que su droguería figuraba como aportante, no había realizado tal contribución económica y que le habían pedido que facilitara la empresa como pantalla para disfrazar el origen del dinero. A cambio de ese favor, desde el Gobierno le habrían prometido pagarle una deuda millonaria que el Hospital Francés, intervenido durante la gestión de Néstor Kirchner, mantenía con su droguería. Hay quienes suponen que los $200.000 que figuran como aportados por Seacamp provendrían de alguna obra social vinculada con los sindicatos, pese a que las obras sociales tienen prohibido efectuar ese tipo de aportes. Otras dos droguerías que también contribuyeron económicamente a la campaña de Cristina Kirchner mostraban altos niveles de insolvencia financiera: Unifarma, de Ariel Villán, el empresario que se suicidó poco después de hallarse los cuerpos de Forza y los otros dos empresarios, y San Javier. ¿Otras droguerías sin fondos aportando a la campaña? Evidentemente servían como pantalla para blanquear más dinero sucio.
Es sabido que quien aporta estas sumas en una campaña electoral no lo hace en forma desinteresada. Los favores se cobran y caro. Si los fondos que recibió Cristina tienen una procedencia tan poco transparente, ya nos podremos imaginar qué modelo de país podemos llegar a tener, cuando lleguen los reclamos de quienes “aportaron”.Para acabar con este tipo de manejos, es necesario hacer una profunda reforma política. Lo primero es prohibir las “donaciones” de empresas privadas e impedir que se realicen en “negro”, o que se gasten los fondos estatales en propaganda electoral camuflados en avisos de gestión. Los aportes los tiene que otorgar el estado y en forma equitativa, al igual que los espacios en los medios masivos de comunicación. Otra medida debe ser el control del manejo de los fondos por una comisión integrada por representantes de todos los partidos. Hay que terminar con las declaraciones patrimoniales truchas, como la de Cristinia, que se declara monotributista. Hay que determinar en forma fehaciente los bienes y el dinero con que cuenta cada funcionario al iniciar su gestión y corroborar con cuánto la termina, para castigarlo y recuperar lo robado si no se condice con sus ingresos.
Si aún así hay “curros”, se debe poder revocar el mandado de los funcionarios involucrados. Una verdadera reforma política, exigida desde el Argentinazo del 2001, sólo podrá imponerse con la movilización.
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